El abogado Óscar Tuma indicó al canal GEN que el jueves su clienta Fátima Saucedo se presentará en la EBY para hacer su descargo en el marco del sumario instruido por la institución en contra de la misma. El representante legal lamentó que varios comunicadores y medios de comunicaciones con intenciones políticas mal informaron lo ocurrido.

Aclaró en primer lugar que el sumario administrativo se abrió solamente por la denuncia realizada por el periodista Guachiré en sus redes sociales, sin que este haya presentado pruebas de alguna irregularidad.

En ese sentido, Tuma explicó que su defendida cuenta con todos los permisos para los días que no estuvo en su puesto laboral. “Sus ausencias están justificadas con certificados médicos y estos se encuentran en poder de la EBY”, resaltó.

En otro momento expuso que muy pocos saben que varias instituciones públicas cuentan con la posibilidad de que sus trabajadores soliciten permisos por cuestiones particulares, y la EBY estipula esto en su reglamento interno, donde cada trabajador puede hacer uso de este tipo de permisos 10 horas al mes.

Al respecto remarcó que fue totalmente válido que Saucedo haya asistido al cumpleaños de Horacio Cartes porque la EBY, por reglamento interno, le otorga 10 horas de permiso mensual para cuestiones particulares a sus funcionarios. “A mí no me gusta eso, pero son beneficios de los trabajadores, hasta si quiere ir al reservado lo puede usar”, agregó.

Así también cuestionó que se haya tergiversado que la mujer no trabajó 200 horas en dos años, porque en realidad la EBY dejó de trabajar presencialmente por la pandemia del Covid-19, a lo cual se suma que la trabajadora hizo uso de sus vacaciones (posee 20 años de antigüedad) y además presentó permisos médicos.

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📌 Abogado @oscartuma, representante de la funcionaria de la EBY, Fátima Saucedo: “No existe eso del planillerismo. La documentación está en regla y desde la EBY callaron para que se genere este repudio mediático"

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— GEN (@SomosGENAhora) July 20, 2022

Por otra parte, Tuma dijo que es importante aclarar que la relación laboral en las binacionales se rige por el Código Laboral y no por la ley de la Función Pública. Y en este contexto su mandante cumplió con todas las exigencias del código para los permisos correspondientes, según expuso.

“Ayer leí que un grupo de ciudadanos se fue a hacer una denuncia ante la Fiscalía, pero no entiendo con qué fin porque no son parte. Si existe algún hecho irregular, la propia EBY es la que tiene que hacer alguna denuncia”, esgrimió.

Lastimosamente las autoridades de la EBY callaron por cuestiones políticas y recién ahora refieren que todas las documentaciones están en reglas, de acuerdo con Tuma. “Dejaron que una persona sea manoseada, y peor aún, hoy por hoy si el sumario arroja la culpabilidad de la misma será por presión mediática y si el sumario sale favorable la ciudadanía pensará que esto se arregló por debajo de la mesa. Existe una perversidad de la EBY porque recién hoy el director de RR.HH. reconoció en una entrevista radial que sus documentos están en regla. Sabían desde un comienzo pero decidieron callarse, porque a Nicanor y a un sector les convenía que esto genere un rechazo ciudadano para perjudicar a un candidato. Permitieron que se genere una bola de nieve que le generará un gran problema a ella”, arremetió.

Tuma trajo a colación que el medio periodístico PDS expuso que el director de RR.HH. de la EBY reconoció que en este caso no existe irregularidad alguna en el uso de los permisos particulares:

En el caso de que la funcionaria sea desvinculada de la EBY, Tuma demandará a la institución por despido injustificado. Y dijo estar seguro que la entidad perderá porque su clienta tiene las de ganar.

El abogado Jorge Rolón Luna se presentó esta mañana en la Fiscalía General del Estado, en compañía de algunos miembros de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA).

En la ocasión, el gremio formalizó una denuncia contra los directivos del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), encabezados por su presidente César Ruiz Díaz.

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Según explicó Rolón Luna, la ley contempla penalizaciones en caso de anuncios o amenazas de acciones que pudieran afectar el servicio de transporte público de pasajeros. “Creemos que los reclamos y las reivindicaciones de los transportistas son insuficientes, ilegítimas y falsas”.

El profesional del derecho mencionó que la denuncia contra Cetrapam se basa en aspectos estipulados en la Ley 6789, así como en conductas tipificadas en el Código Penal como la coacción o la perturbación del servicio público.

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Si bien admitió que el paro es un derecho constitucional y contemplado en el Código Laboral, también hizo énfasis en que la amenaza de impedir el servicio de transporte público podría constituirse en un hecho punible, motivo por el que decidieron recurrir al Ministerio Público.

“Con esto queremos decir ‘no al chantaje’ y que se garantice el servicio de transporte para toda la población”, afirmó Gustavo Espínola, miembro de OPAMA, quien exige que la Fiscalía tome medidas para evitar el paro anunciado a partir del próximo 20 de mayo.

En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.

Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.

“Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la CONMEBOL, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años. ¡Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano!”, expuso Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Hay que recordar que, la Conmebol presentó semanas atrás un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado muchos años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y Atlas.

Ante este pedido, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas de los citados, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

También los fiscales pidieron que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

En la madrugada de este jueves se reportó una trágica muerte por electrocución en el Sector 1 zona baja del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Resultó víctima de este suceso un hombre identificado como Edgar Samaniego Arias, de 42 años de edad, quien perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mortal.

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Según informan medios locales, este sujeto se encontraba hacia la parte de la escalinata ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen en un parlante.

En un momento dado, decidió manipular el alargue que iba conectado a su equipo de sonido, tras lo cual recibió una descarga eléctrica que lo hizo desplomarse en el suelo.

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Al verificar el estado en el que había quedado, los vecinos se percataron que Samaniego ya no mostraba signos vitales, por lo que decidieron llamar a la Policía Nacional para tomar intervención.

Se informó de lo ocurrido al agente fiscal Julio Paredes, disponiéndose la entrega del cuerpo a los familiares tras cumplirse con los procedimientos de rigor.